Qué principios morales pueden fundamentar una democracia (Última parte)

El cristianismo se presenta como una orientación existencial cuyo punto de referencia trascendente, Dios, permite al hombre salir de su vivencia de la nada del ser. Es obvio que en una sociedad democrática y plural los principios del cristianismo no pueden ser el fundamento moral universal que guíe el comportamiento ético de todos los ciudadanos. Otra cuestión bien distinta es que dichos principios, racionalmente meditados y democráticamente consensuados, se encuentren presentes y asumidos en el espacio sociopolítico junto con otros y todos en vistas al bien común. En cuanto a los cristianos, no podemos esperar que las verdades reveladas marquen la agenda política de nuestra democracia, pero sí aquellos puntos principales de la doctrina que tienen que ver y mucho con la incondicional dignidad de la persona humana y la consecución de la vida buena por parte de ésta.

El supuesto de una razón humana común es la base que permite justificar una moral común para la sociedad democrática y plural. No es posible ninguna teocracia ni, tampoco, que una determinada ideología marca el devenir ético y político de la democracia. La secularización del Estado exige la inclusión de todas las cosmovisiones y, al mismo tiempo, el diálogo y el consenso para hallar aquellos criterios morales que puedan ser aceptados y llevados a la práctica por todos los ciudadanos en pro del bien común y teniendo siempre como fundamento la incondicionalidad de la dignidad del ser humano. Pero no sólo es necesario reconocer en el ámbito teórico la incondicionalidad de la persona para alcanzar en la praxis el bien común que se obtiene de la potenciación y desarrollo de los proyectos personales de cada ciudadano, sino que es necesario que todos y cada uno de los ciudadanos aprenda, en el ámbito público, a adoptar también las perspectivas ajenas, y uno de los medios por los que se logra es la formación democrática de la voluntad constituida democráticamente.

La democracia exige la neutralización de las cosmovisiones, pero esto implica que dicha neutralización no puede ser llevada a cabo por alguna o varias de estas. Los principios morales serán democráticos si son decretados y refrendados mediante procedimientos igualmente democráticos: “Los ciudadanos tienen que verse a sí mismos como si fueran legisladores y preguntarse cuáles serían las leyes, apoyados por qué razones que satisfagan el principio de reciprocidad, que en su opinión sería más razonable promulgar” (John Rawls, “El derecho de gentes y ‘una visión de la idea de razón pública’”). Que no compartamos la misma visión del mundo no es motivo de razón para que, en el respeto mutuo, no busquemos entre todos un entendimiento racional que ilumine las cuestiones que son objeto de discusión moral: “El ideal de la ciudadanía impone un deber moral, no un deber legal, el deber de civilidad, para ser capaces de explicarse unos a otros, cuando se trata de cuestiones fundamentales, cómo los principios y las políticas por las que ellos abogan y votan pueden apoyarse en los valores de la razón pública. Este deber también implica una buena disposición a escuchar a los otros y una ecuanimidad a la hora de decidir cuándo resultaría razonable acomodarse a sus puntos de vista” (John Rawls, “El liberalismo político”).

De las distintas cosmovisiones, los ciudadanos democráticos deben asociarse, dialogar y reflexionar sobre aquellos principios morales que pueden arreglar la vida práctica de la sociedad. Si es así, esa ansiada y esperada neutralidad del Estado será una realidad, pues los ciudadanos religiosos, no religiosos o de otras cosmovisiones encontrarán justificación racional para adoptar un principio moral ajeno, de lo contrario, y como sucede, “queda de manifiesto que una parte impone su voluntad a las otras” (Jürgen Habermas, “Entre naturalismo y religión”) o una cosmovisión es privilegiada en detrimento de las demás. Huelga decir que ni el Estado ni la democracia misma pueden exigir una distinción de las convicciones personales en el ciudadano cuando se encuentre en el ámbito privado y en el ámbito público, pues está sería una carga racional y psicológicamente insostenible. El ciudadano, no obstante, no puede esperar que el Estado y la democracia se regulen según principios de su cosmovisión, sino que debe comprender que más allá del umbral de su vida misma sólo se admiten en el espacio público aquellos principios morales que son legitimados mediante los instrumentos democráticos por la razón secular.

Es indudable, no obstante, que cada ciudadano puede y debe moralmente adoptar posicionamientos ético-políticos que emanan de su propia visión del mundo; sin embargo, si bien pueden esperar que el gobierno ponga en práctica leyes que se fundamenten en argumentos de su propia cosmovisión, no puede esperar, sin una explicación racional, que los demás ciudadanos la adopten en detrimento de otra visión sobre una cuestión concreta. Además, los ciudadanos tenemos la obligación de aceptar las medidas morales y jurídicas adoptadas democráticamente por todos. Así, los principios morales de la democracia deben gozar de previo consenso y legitimación, de lo contrario se corre el riesgo cierto de que la cohesión social se desintegre a causa de la batalla entre distintas cosmovisiones.