Reflexión sobre la desobediencia civil

Decíamos que la desobediencia civil sin violencia, que evita el daño directo a terceras personas, busca la justicia social sin desmarcarse del amor por la ley y la democracia, pues estos son los instrumentos que deben garantizarla. Así, en vistas al bien común, esta desobediencia se dirige al conjunto de los ciudadanos para demostrarles que los derechos humanos no son respetados por el Estado, y a éste último para que recapacite por sus políticas erróneas y reforme la ley. Así, el sentido de justicia y el bien común son los principios fundamentales que rigen y justifican la desobediencia civil en un estado democrático y la advertencia de que estos principios no se respetan su motivo de ser.

Los fines de las instituciones políticas democráticas son la justicia y el bien común así como la eficiencia y la eficacia para que se logren las condiciones sociales necesarias para que esas sean una realidad que se traduce en el reconocimiento y respeto de la incondicional dignidad de la persona y el desarrollo de los proyectos personales de los ciudadanos, sujetos racionales que gozan de igual libertad. El deber de éstos en cuanto que ciudadanos de un estado democrático es de respetar a estas instituciones y cooperar con el objetivo de que alcancen ese fin que es de interés general.

Fanatismo religioso (II): díalogo y pluralidad

¿Tiene sentido que hablemos de sociedad y de comunidad política cuando sobre las cuestiones trascendentales de la existencia humana el diálogo más bien se transforma en un virulento ejercicio cuyo único fin es la imposición al otro de nuestras ideas? Este modo de estar los unos con los otros no es humanista, pues no se respeta ni la dignidad ni la libertad del otro ni se busca el mejor ambiente para alcanzar el bien común a través de una convivencia basada en el mutuo respeto, sino que cada uno, en vistas a su seguridad enarbola, subyugado, una ideología con la que espera doblegar a su ‘oponente’.

El mundo social es la segunda naturaleza del hombre, es el ámbito de la humanización; sin embargo, con frecuencia, se convierte en un inmenso campo sembrado de odio a causa de la defensa a ultranza de ideologías – políticas,económicas, religiosas – que no buscan el bien común, sino el dominio del otro, dando lugar a actitudes totalitarias que llegan, incluso, a florecer con facilidad en estados donde la democracia parece firmemente instituida. Pero el fin de la sociedad no puede ni debe ser ese ámbito, cultural, donde la humanidad reste separada en facciones, sino que debe representar la suprema forma de convivencia humana dispuesta para la única acción razonable de la existencia del ser humano: la consecución del bien común en la que el sujeto logra su autorrealización a partir del desarrollo de sus proyectos personales.

No hay democracia sin ciudadanía

El pasado 18 de julio, con motivo de la conmemoración del alzamiento militar de 1936 contra un gobierno democrático, la madrileña Iglesia de San Jerónimo el Real, más conocida por “Los jerónimos”, abrió sus puertas a los melancólicos seguidores del dictador Francisco Franco. El párroco de la misma, a lo largo de la homilía, rindió tributo a los “caídos por Dios y por España” y exhortó a los presentes a dar respuesta a la crisis espiritual que padece España mediante el ejemplo de aquellos “cristianos ejemplares que supieron discernir los signos de los tiempos y alzarse el 18 de julio de 1936 para evitar aquella situación”.

Un nuevo alzamiento militar. Esto es lo que clama un sacerdote católico ante la pasividad de la Conferencia Episcopal. Tampoco hay respuesta ni reprobación por parte del Gobierno de España, cuyos miembros pertenecen a un partido fundado por un ex ministro de la dictadura franquista. Así, total impunidad y libertad de expresión para aquellos que justifican moral y religiosamente planteamientos totalitarios como es un golpe militar. Por infortunio, estas personas son las mismas que tildan, de modo gratuito, de liberticidas a aquellos que recurren a la democracia como fundamento y garantía de los derechos del hombre (Nelson Mandela, “El largo camino hacia la libertad”).

Qué principios morales pueden fundamentar una democracia (Última parte)

El cristianismo se presenta como una orientación existencial cuyo punto de referencia trascendente, Dios, permite al hombre salir de su vivencia de la nada del ser. Es obvio que en una sociedad democrática y plural los principios del cristianismo no pueden ser el fundamento moral universal que guíe el comportamiento ético de todos los ciudadanos. Otra cuestión bien distinta es que dichos principios, racionalmente meditados y democráticamente consensuados, se encuentren presentes y asumidos en el espacio sociopolítico junto con otros y todos en vistas al bien común. En cuanto a los cristianos, no podemos esperar que las verdades reveladas marquen la agenda política de nuestra democracia, pero sí aquellos puntos principales de la doctrina que tienen que ver y mucho con la incondicional dignidad de la persona humana y la consecución de la vida buena por parte de ésta.

El supuesto de una razón humana común es la base que permite justificar una moral común para la sociedad democrática y plural. No es posible ninguna teocracia ni, tampoco, que una determinada ideología marca el devenir ético y político de la democracia. La secularización del Estado exige la inclusión de todas las cosmovisiones y, al mismo tiempo, el diálogo y el consenso para hallar aquellos criterios morales que puedan ser aceptados y llevados a la práctica por todos los ciudadanos en pro del bien común y teniendo siempre como fundamento la incondicionalidad de la dignidad del ser humano. Pero no sólo es necesario reconocer en el ámbito teórico la incondicionalidad de la persona para alcanzar en la praxis el bien común que se obtiene de la potenciación y desarrollo de los proyectos personales de cada ciudadano, sino que es necesario que todos y cada uno de los ciudadanos aprenda, en el ámbito público, a adoptar también las perspectivas ajenas, y uno de los medios por los que se logra es la formación democrática de la voluntad constituida democráticamente.

Qué principios morales pueden fundamentar una democracia (Parte II)

Son necesarios unos principios morales comunes que marquen el carácter normativo de las sociedades democráticas y plurales. Sin embargo, no resulta fácil la configuración de una política que pueda satisfacer esta demanda cuando existen dos bloques ideológicamente opuestos. Por un lado, el cientificismo y su comprensión naturalista del mundo; por otro, las distintas ortodoxias religiosas, de modo especial el cristianismo en Occidente. Dos posturas que colisionan de modo abrupto en cuestiones de gran trascendencia que ponen en riesgo la cohesión social: pensemos en el aborto, la investigación con embriones, la eutanasia o la adopción entre personas del mismo sexo.

¿Es posible un Estado laico cuyo Estado de derecho armonice racionalmente posturas tan diversas y, en apariencia, encontradas? Si abogamos por una neutralidad que no excluya las distintas comprensiones del mundo en vistas a refrendar la cohesión social y la igualdad de derechos, quienes dirigen su existencia al abrigo de estas distintas cosmovisiones deben esforzarse por encontrar, en cuanto que son ciudadanos, un modo de vida ético común que permita la convivencia en el marco de un orden democrático. Además, este modo de vida ético no sólo puede ser tolerado, sino que debe acogerse con convencimiento. Además, este orden o modo de vida ético no puede ser otro que aquel que parte de una comprensión moral concreta que dice que la persona es un fin en sí misma, que, por tanto, es una dignidad incondicional que es, al mismo tiempo, el fin último de la sociedad democrática.

Qué principios morales pueden fundamentar una democracia (Parte I)

Nuestra sociedad es democrática y pluralista, al menos en el deseo y la intención. Para que esta democracia y esta pluralidad se llenen de contenido y se manifiesten en el respeto a cada ciudadano se requiere de la responsabilidad moral de cada uno de nosotros para con el otro. Hasta aquí todos estamos (casi) de acuerdo; sin embargo, la experiencia nos muestra que existen entes de poder que pretenden dibujar el sistema moral que fundamente la acción social: la Iglesia y el Estado. El conflicto entre estos dos órdenes “nunca ha sido resuelto teóricamente y continúa hasta el presente” (Bertrand Russell, “El poder”). Por tanto, debemos plantearnos la construcción de un proyecto sociopolítico democrático que armonice, sin privilegiar ni enmudecer, todas las cosmovisiones presentes en la sociedad, que son manifestadas en lo cotidiano por hombres y mujeres concretos, con el fin de trazar aquel horizonte público donde estas se expresen de ordinario sin entrar en colisión en vistas al bien común.

El punto de partida no puede ser ni el dominio de una determinada cosmovisión ni la supuesta neutralidad que se confiere al espíritu de la secularización, pues, en su fundamento, no es más que la expresión de una muy determinada cosmovisión acompañada de cierta colaboración ideológica. Y no puede ser así por la existencia de una amplia diversidad de sistemas religiosos, morales y filosóficos con su respectiva visión del mundo, del hombre y del bien. Así, sin la posibilidad de apelar a una única instancia que fundamente la acción sociopolítica que rija nuestra democracia, debemos hallar aquellos elementos unitarios de carácter normativo que permitan el mejor funcionamiento de la sociedad en vistas a ese objeto ya citado que es el bien común.

Política y religión

La realidad del hombre tiene un alcance ontológico. En su existencia se manifiesta de manera fundamental y principal el sentido del ser. “El sentido del ser se manifiesta manifestando el rostro del hombre” (Paul Ricoeur, “Fe y filosofía. Problemas del lenguaje religioso”); la realidad misma, desde una componente ontológica, teleológica y escatológica, muestra el vínculo entre el ser del hombre y el ser de todos los entes, el Ser en sí. El ser humano no sólo descubre que él no es el origen del sentido, sino que el sentido le es dado. La existencia alcanza su sentido cuando el hombre se descubre a sí mismo teniendo que ser con la exigencia, siempre, de tomar una decisión para dotar de coherencia y significado su existencia en vistas a un determinado fin último que, de necesario, se entiende como aquello que es lo mejor para la vida de uno. Sin embargo, si bien no existe una universal coincidencia en señalar qué o quién es ese sentido al que todos nos inclinamos por naturaleza, no existe persona que gobierne su existencia al margen de una u otra cosmovisión.

La existencia del sentido se vislumbra, también, en esa objetiva unidad del mundo cuyo conocimiento es necesario para gobernar la vida con criterio y no caer en la vivencia de la nada del ser. Hoy, padecemos cierto pragmatismo a la hora de enfrentar la propia existencia, lo que nos dispone en una cotidiana velocidad que nos hace susceptibles de aferrarnos más a una simple supervivencia que a una vida buena en la que se despliega, inconmensurable, el valor absoluto de toda persona. En efecto, parecemos sujetos más bien productores y consumidores subyugados a una ideología, que sujetos realmente libres dispuestos a gobernar nuestra propia existencia, con la dificultad que ello conlleva, del modo más naturalmente humano. Así, cuando se expresa, por ejemplo, que una sociedad no tiene una religión oficial puede correrse el peligro de perder de vista el sentido absoluto y trascendente del ser del hombre, cuestión que no es baladí, pues el hecho de que todo hombre abrace un sistema de pensamiento – ideas – es una necesidad intrínseca que se desprende de la empírica constatación de que la existencia consiste, sustancialmente, en conducirse según un plan muy determinado.

La democracia, el sistema que concibe a la persona como el fin último

 

Si entendemos que el hombre “no puede vivir al margen de la compañía de sus semejantes (Hannah Arendt, “La condición humana”), y si entendemos que la esfera pública es el único lugar donde los hombres pueden mostrar real e invariablemente quienes son (Hannah Arendt, “La condición humana”), se deduce el siguiente razonamiento: toda sociedad democrática lo será en la medida en que, de manera explícita, reconozca a la persona como dignidad incondicional – fundamento del derecho – y su libertad como el ejercicio político a reconocer y potenciar en vistas al bien común. No podemos ni debemos pensar la democracia de otro modo, sino como ese ejercicio político por el que el hombre – y en ello incluyo el Estado o cualquier manifestación de carácter político – deviene responsable de su propio bien y del prójimo, con quien participa para crear aquella sociedad en el que impera la búsqueda y realización de ese bien mayor en el que se promocionan y se alcanzan todos los bienes particulares.

De este modo, la democracia, sin adjetivos ni reduccionismos, sólo puede ser, dotada de pleno sentido, la acción organizada que emana del reconocimiento de la dignidad del hombre, al que se reconoce como fin en sí mismo, y que no tiene como objeto el poder ni cualquier otra realidad que no sea la voluntad política y ética de los ciudadanos, indispensable para vislumbrar en el horizonte el fin último: el bien común. La democracia, insisto, no puede ser otra realidad que la organización política de las personas, más allá de las lógicas de poder que encarnan el Estado, los partidos y, sobre todo, las organizaciones económicas. Por tanto, urge pensar la democracia como el sistema que concibe a la persona como el fin último y cuya praxis no tiene más horizonte que el bien común. La democracia – la política – no puede ser un poder que someta y obligue a esto o aquello, sino que mediante ella – la democracia – la voluntad social establece el poder que se otorga al Estado para su objetivo. Es decir, no es el Estado, como manifestación de poder, quien traza el trayecto sociopolítico, sino que es la misma ciudadanía quien impone, de modo democrático, el trayecto mismo del Estado.