El Estado laico no es posible si se veta a las personas creyentes

Izquierda-Ezquerra ha presentado una moción en el Parlamento de Navarra en la que se insta al Gobierno de España a denunciar los Acuerdos del Estado con el Vaticano. La moción se debatirá hoy en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra. Por su parte, las Juventudes Socialistas reclaman en la ponencia política de su 24º congreso, que se celebrará este próximo fin de semana, que se suprima la casilla de la Iglesia en la declaración del IRPF con el fin de alcanzar una sociedad “radicalmente laica”.

Todo debate sobre la laicidad debe tener presente que la sociedad no es, en ningún caso, la simple suma de ciudadanos, sino que en ella se expresan toda una ristra de estructuras – la familia, por ejemplo – y comunidades de distinto carácter – religioso, agnóstico, ateo, político, económico, etc. –. Por tanto, el Estado laico nunca puede ser insensible respecto a las distintas identidades y manifestaciones culturales y, menos aún, a los valores fundamentales y tradicionales que son el fundamento de cada sociedad y los pilares sobre los que se arma la convivencia democrática, el Estado de derecho y el mismo Estado.

El dilema del Estado laico descansa en cómo organizar y ordenar de modo ecuánime las diversas identidades y sus respectivas diferencias, en muchos casos diametralmente distantes, sin que se vea afectada la convivencia y sin eludir que la sociedad es, siempre, la relación de un ‘yo’ con un ‘tú’ que pueden tener o no una misma cosmovisión pero que comparten, por el simple hecho de ser personas, la misma dignidad y, en consecuencia, el mismo derecho originario.

La sociedad, repito, no es la mera suma de individuos sino una determinada serie de ‘yos’ con una distinta o semejante cosmovisión; distinción y semejanza que da vida, en convivencia, a la sociedad y a sus respectivas instituciones. Así, en el cómo se organice el Estado laico y democrático debe tenerse en cuenta y reconocerse la convicción de cada persona y comunidad de modo que la persona creyente o la atea, por ejemplo, pueda actuar en la vida civil sin transgredir sus convicciones reconociendo a todos los mismos derechos y obligaciones. Al mismo tiempo tales convicciones deben adecuarse, con armonía, respetándose el arraigo que cada una pueda tener en esa sociedad con el fin de establecer el más conveniente diálogo entre ellas, pues el resultado de ello será la obtención del bien común.    

Es importante, pues, que en la construcción del Estado laico exista el acuerdo y no la imposición por parte de las distintas instituciones del reconocimiento de la pluralidad y la particularidad al mismo tiempo de cada sujeto y de cada comunidad que participan en la construcción de la sociedad civil y de la vida política. En este sentido lo que proponen las Juventudes Socialistas e Izquierda-Esquerra no es un Estado Laico en cuanto que niegan una determinada cosmovisión vivida por millones de personas y en cuanto que interpretan, equivocadamente, que los criterios que inspiran el Estado son neutros cuando, en realidad, se inspira y configura en valores diversos. Un Estado antirreligioso nunca será un Estado laico ni permitirá a su sociedad alcanzar el bien común.    

Por otro lado las personas creyentes también se encuentran obligadas a entender la separación Iglesia-Estado y a trabajar por la consecución de un correcto Estado laico. Por este motivo el cristiano, sin renunciar a la verdad que postula, debe situarse en la visión del ‘otro’ de lo contrario se convierte, también, en un sectario y en un ‘radical’. Desde la convicción de la existencia del bien común el creyente debe proponer, sin imponer, su consecución, anunciando, para ello, el Reino de Dios en el que todos están invitados a vivir. Desde este punto de vista, la contribución del cristianismo es un beneficio para la sociedad en cuanto postula el valor absoluto de la persona creada a imagen de Dios.