La Conferencia Episcopal Española considera «moralmente inaceptable» la consulta por la independencia de Cataluña

Descubro, por obra y gracia de la Conferencia Episcopal Española, que aquellos que apostamos por la independencia de Cataluña somos sujetos pecaminosos que debemos confesarnos por nuestro deseo secesionista. La verdad, como catalán me importa poco que José María Gil Tamayo califique la consulta independentista de moralmente inaceptable y inadmisible, como cristiano sí. Entiendo que este sacerdote, quizá con añoranza por el nacionalcatolicismo que caracterizó el régimen totalitario del dictador Franco, tema el sano ejercicio de la democracia; sin embargo, como sacerdote, es inaceptable que considere que un referendum pone “en peligro la convivencia de los españoles”.

El ejercicio de la democracia expresado mediante el sufragio atenta contra el bien común, sostiene el secretario de la Conferencia Episcopal Española. Sorprende, para rizar el rizo, que no manifeieste, también, que es contraria a la ley de Dios. Lo que si manifiesta y hace gala es de ignorancia histórica cuando afirma que “ninguno de los pueblos o regiones que forman parte del Estado español podría entenderse tal y como es hoy si no hubiera formado parte de la larga historia de la unidad cultural y política de esta antigua nación que es España”. Probablemente, Gil Tamayo desconoce, cuando habla de “preservar el bien de la unidad”, que en el archivo del Vaticano existen suficientes documentos históricos que explican la contundente represión que los ejércitos borbónicos aplicaron sobre la población catalana. No añadiré más.

Una consulta democrática no atenta contra el bien común, al contrario, contribuye de manera directa al bien social en sí mismo, pues el fin del sufragio descansa en el fortalecimiento de la democracia en vistas al vivir bien del hombre en comunión con los demás. Por inverosímil que pueda resultarle al secretario de la Conferencia Episcopal el ser humano es un animal político, como formula el Estagirita; un referendum coopera en esa capacidad natural de la persona de buscar y gozar del bien de la entera sociedad. Si las urnas no existen es imposible la democracia y, en consecuencia, no puede decirse que se respeta y promueve el valor de persona de los demás procurándose su felicidad, que se realiza en una determinada cultura y no en otra, como bien señala Isaiah Berlin en “El fuste torcido de la humanidad: capítulos de historia de las ideas”.

La libertad constituye el principal fundamento del valor de la persona, dice San Agustín en “De moribus”, pues sin ella ni se reconoce su dignidad ni goza de la posibilidad de vivir bien y ser feliz (Aristóteles, “Ética a Nicómaco”, III, 5). Si no se garantiza el proceso de autodeterminación de una persona o de una sociedad ninguna acción se encamina, con objetividad y racionalidad, hacia el respeto y la promoción del valor de persona del otro. La democracia, y el voto en  las urnas, expresa en la praxis este ideal humanista. El portavoz de la CEE cuando menciona que “pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier tipo es inadmisible” olvida que “no hay nadie que pueda querer en lugar mío. No hay nadie que pueda reemplazar mi acto voluntario por el suyo. Sucede a veces que alguno desea fervientemente que yo desee lo que él quiere; entonces aparece como nunca esa frontera infranqueable entre él y yo” (Karol Wojtyla, “Amor y responsabilidad”).

El bien común sólo existe, señala el Estagirita, cuando se respeta el ejercicio de la libertad. Este es un principio ético que olvida y restringe Gil Tamayo mientras se erige en el portavoz de lo moralmente bueno sin argumentación, mostrándose dogmático mediante simples aseveraciones indemostrables en el que sí exhibe, en cambio, su universo ideológico, que no desentona con el que expresa el actual presidente del gobierno, el señor Rajoy. Ambos, el portavoz de la Conferencia Episcopal y el presidente del gobierno de España, olvidan que no sólo se debe respetar o promover la libertad de los demás, sino que debe promoverse todo aquello que hace posible el ejercicio de la libertad, y la democracia, como casi ninguna otra realidad humana, encarna esta libertad de la persona de convertirse en dueña de su devenir en vistas a su fin, la felicidad.

 Por tanto, debe respetarse la libertad de los ciudadanos y su ejercicio favoreciendo su autodeterminación en cuanto se dirige a un fin bueno moralmente, el bien común. Al contrario, es injusto provocar o causar la posibilidad de suprimir la autodeterminación de un ciudadano o de una sociedad hacia su propio fin, situándolos en condiciones extremas en las que alcanzar el objetivo o propósito ético-político deviene un acto sobrehumano.

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