Reflexión sobre la desobediencia civil

Publicado: 29 octubre, 2014 en Ética y Moral, Política

Decíamos que la desobediencia civil sin violencia, que evita el daño directo a terceras personas, busca la justicia social sin desmarcarse del amor por la ley y la democracia, pues estos son los instrumentos que deben garantizarla. Así, en vistas al bien común, esta desobediencia se dirige al conjunto de los ciudadanos para demostrarles que los derechos humanos no son respetados por el Estado, y a éste último para que recapacite por sus políticas erróneas y reforme la ley. Así, el sentido de justicia y el bien común son los principios fundamentales que rigen y justifican la desobediencia civil en un estado democrático y la advertencia de que estos principios no se respetan su motivo de ser.

Los fines de las instituciones políticas democráticas son la justicia y el bien común así como la eficiencia y la eficacia para que se logren las condiciones sociales necesarias para que esas sean una realidad que se traduce en el reconocimiento y respeto de la incondicional dignidad de la persona y el desarrollo de los proyectos personales de los ciudadanos, sujetos racionales que gozan de igual libertad. El deber de éstos en cuanto que ciudadanos de un estado democrático es de respetar a estas instituciones y cooperar con el objetivo de que alcancen ese fin que es de interés general.

En una sociedad democrática todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones respecto a sus homónimos y las instituciones encargadas de procurar la justicia social y el bien común. Para que estos últimos fines sean una realidad es necesario el acuerdo social respecto de qué entendemos por justicia y bien con el propósito de establecer una constitución que reconozca y cumpla estos fines mediante la promulgación de leyes justas y eficaces. La eficacia y la eficiencia de la constitución escogida viene determinada por el logro de los principios mencionados, pues aunque estos sean observados nada garantiza que la injusticia haga acto de presencia mediante leyes injustas. De este modo, cuando la injusticia sobrepasa ciertos límites, en especial el no reconocimiento de la dignidad de la persona y el desarrollo de sus proyectos personales orientados al bien común, el ciudadano no tiene por qué someterse a una constitución que procura leyes injustas y, en consecuencia, puede contemplar razonadamente la desobediencia civil, pues el juicio intelectual y moral no debe subyugarse ahí donde la justicia es deformada o ausente y donde no impera la sabiduría, sino la cerrazón.

El no subyugarse a una ley injusta conduce a pensar la desobediencia civil la cual debe entenderse siempre como un acto sociopolítico democrático y moral orientado al cumplimiento de la justicia y el bien común – y no el interés particular – mediante el cambio o modificación de las políticas y leyes que causan dicha desobediencia. También dijimos que la desobediencia debe tener, en cuanto que civil, un carácter pacífico y no violento por el que el desobediente acepta las consecuencias jurídicas de su acción, es decir, en el momento en el que piensa y contempla tal desobediencia también piensa y contempla la posibilidad, por amor y respeto a la democracia, del arresto y el castigo que puedan procurarle las leyes y las políticas que estima injustas y que deberían modificarse. En el momento en el que se asume la desobediencia a la ley dentro de la fidelidad al mismo marco legal la desobediencia puede ser vista a los ojos de los demás ciudadanos con un sentido ético-político cuyo único sentido es el alcance de la justicia social y el bien común.

La desobediencia civil sólo puede ser por naturaleza democrática y no violenta en cuanto que es ella misma una apelación a la justicia y al bien que se juzgan como ausentes o afectados por políticas y leyes muy concretas. Se justifica la desobediencia civil como último recurso cuando las pretensiones de una minoría son reprimidas de manera continuada en el tiempo y cuando, además, existe la intención deliberada de no modificar o corregir la injusticia que atenta contra esa determinada minoría que ve imposibilitada la realización de su bien, que no es otro que su libertad política y social – en las que se incluyen la libertad de conciencia, de pensamiento, el reconocimiento de la identidad personal y social que se traduce en el derecho a voto de dicha minoría –; por ejemplo, cuando se niega a las minorías el derecho a votar (John Rawls, “Justicia con equidad”). Por tanto, la desobediencia se encuentra justificada siempre y cuando el ciudadano es objeto de una injusticia deliberada que se prolonga en el tiempo a pesar de la protesta y denuncia democrática.

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