La religión en el ámbito público (II)

Publicado: 28 julio, 2014 en Laicismo, Religión

La vida pública no puede entenderse como una categoría cerrada dotada de una racionalidad neutral y carente de cosmovisión, porque esto es imposible si hablamos de una sociedad humana. La vida pública, más bien, es un ámbito en el que se razona y razonan todas las cosmovisiones existentes y en el que debe ‘triunfar’ el mejor argumento, siempre mediante el diálogo y nunca por imposición. Es una exigencia de toda sociedad democrática el reconocimiento de la libertad religiosa y de expresión si realmente se cree no ya sólo en la realidad del pluralismo, sino en la incondicional dignidad de la persona humana.

La secularización del Estado democrático, que se plasma en la separación Iglesia-Estado, no implica ni debe implicar la secularización de la sociedad. Cada persona tiene una propia cosmovisión y en cuanto ciudadano tiene el derecho de expresar, en un ámbito de igual libertad, sus razones y creencias, mientras no se le considere un sujeto al margen de la sociedad civil. Pero como la sociedad la constituyen ciudadanos ‘religiosos’ y ‘no religiosos’, el Estado, que debe estar desposeído de toda vinculación o halo religioso, no puede privatizar ninguna religión, pues ello iría en detrimento del pluralismo característico de la democracia y del respeto recíproco que deben guardarse las personas en cuanto ciudadanos. Además, ninguna cosmovisión es dueña del espacio de la razón, sino que ésta se encuentra presente en todas aquellas que tienen al ser humano como fundamento, como dignidad incondicional y fin en sí mismo.

Toda cosmovisión es susceptible de aportar contenidos de verdad y certeza, de valores éticos a atender y promover en vistas al bien común. Todas las cosmovisiones, se identifiquen como religiosas o no religiosas, están, por necesidad, destinadas a interactuar en la esfera pública y política en cuanto que representan el pensar y el sentir de cada uno de los ciudadanos. Así, la neutralidad que se le solicita al Estado no se le puede reclamar al ciudadano, que se expresa en la vida pública según una muy determinada forma de ver el mundo. Por tanto, la libertad de pensamiento exige que a nadie se le coaccione en materia de religión o creencia y que todas las cosmovisiones tengan un rol de igualdad en el espacio público – ninguna religión puede ser privilegiada en detrimento de las otras, tampoco la no religiosidad –.

La secularización del Estado no supone el rechazo a la religión en sí de la vida pública, sino más bien la democratización de éste espacio para la armoniosa y civilizada convivencia de todas las cosmovisiones religiosas o no religiosas. Porque si privatizamos la religión expulsándola del espacio público, desprotegemos la identidad personal de los ciudadanos, cuyo pensamiento y moralidad dejarían de ser escuchados y puestos a razonar en el terreno de juego democrático. Así, el Estado, en su separación con una determinada religión, no puede oponerse a las religiones, sino que en cuanto democrático debe acoger en su seno la diversidad, incluida en ella las más diversas religiones. Por tanto, del mismo modo que no se puede favorecer el judaísmo frente al islam, tampoco se puede favorecer la increencia frente al cristianismo.

Entrada anterior:

La religión en el ámbito público (I).

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s