No hay democracia sin ciudadanía

El pasado 18 de julio, con motivo de la conmemoración del alzamiento militar de 1936 contra un gobierno democrático, la madrileña Iglesia de San Jerónimo el Real, más conocida por “Los jerónimos”, abrió sus puertas a los melancólicos seguidores del dictador Francisco Franco. El párroco de la misma, a lo largo de la homilía, rindió tributo a los “caídos por Dios y por España” y exhortó a los presentes a dar respuesta a la crisis espiritual que padece España mediante el ejemplo de aquellos “cristianos ejemplares que supieron discernir los signos de los tiempos y alzarse el 18 de julio de 1936 para evitar aquella situación”.

Un nuevo alzamiento militar. Esto es lo que clama un sacerdote católico ante la pasividad de la Conferencia Episcopal. Tampoco hay respuesta ni reprobación por parte del Gobierno de España, cuyos miembros pertenecen a un partido fundado por un ex ministro de la dictadura franquista. Así, total impunidad y libertad de expresión para aquellos que justifican moral y religiosamente planteamientos totalitarios como es un golpe militar. Por infortunio, estas personas son las mismas que tildan, de modo gratuito, de liberticidas a aquellos que recurren a la democracia como fundamento y garantía de los derechos del hombre (Nelson Mandela, “El largo camino hacia la libertad”).

Como persona que busca, desde el amor y la libertad, la máxima prosperidad humana, experimento como grave la permisividad ante la presencia de este grupúsculo radical que fomenta el odio y la violencia en un supuesto Estado democrático (Erich Fromm, “Anatomía de la destructividad humana”). ¿Ante que realidad democrática nos encontramos? ¿La presencia de nostálgicos activos del totalitarismo es libertad de expresión o connivencia con este sector de la sociedad que desprecia la democracia? Es más bien esto último. Pero su presencia no extraña cuando el mismo presidente del gobierno de España sostiene que la consulta democrática que plantea el gobierno de Cataluña como demanda de la mayoría de la sociedad catalana es una realidad absurda que no autorizará. Cuando se tacha de ilegal el ejercicio de la democracia podemos esperar que alguien alimente ideas totalitarias y las exponga desde el púlpito.

Quizá, idealista, soy de la idea que el ser humano se asocia no sólo para vivir sino para vivir bien en vistas a su plenitud, y no por otro motivo, pues nadie puede vivir al margen de la compañía de sus semejantes, “ni siquiera la del ermitaño en la agreste naturaleza, resulta posible sin un mundo que directa o indirectamente testifica la presencia de otros seres humanos” (Hannah Arendt, “La condición humana”). Así, la vida en sociedad exige de diálogo con los otros hombres, que todas las ideas, también las políticas, entren en juego. Pero el diálogo, que exige la previa comprensión del otro, ve a la persona del otro tal cual es con sus intereses concretos y no como desea que sea, subyugado a intereses ajenos, como pueden ser las ideologías de carácter político, económico o religioso. Que exista permisividad ante ideas totalitarias se entiende cuando existen supuestos intelectuales que no sólo buscan exponer sus ideas, sino enfrentarlas despóticamente, mediante una presumida pedagogía, contra otras ideas. El secesionismo catalán no pretende romper ningún tipo de convivencia, sino que pretende dar salida, democrática, a una demanda justa de una parte de la sociedad, que tiene todo el derecho de determinar su futuro, como señala Ramon Cotarelo, catedrático de ciencia política.

Estos supuestos intelectuales contrarios a la democracia y a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía catalana no se distinguen en esencia sino en forma de esos nostálgicos de la dictadura que se reunieron en la iglesia de los Jerónimos. Su visión fanática de la realidad, pues creen que no hay más alternativa que la que ellos defienden con vehemencia, contribuye con creces a la degeneración democrática (Tony Judt, “Pensar el siglo XX”). La función de una persona intelectual, si realmente lo es, no es otra que interpretar la realidad mediante el instrumento por el que se le llama así, el intelecto, y no, para no perder su estatus, en la de convertirse en una arriesgada correa de transmisión.

La democracia no está afianzada en España y malvive supeditada a un poder absolutista que desde Madrid ejerce, despótico, el imperio de la ley. En España, insisto, no se entiende que la ley y esa divinizada Constitución descansan en el consentimiento de todos los ciudadanos. «La indiferencia de nuestra constitución respecto de las más simples libertades humanas es condenable» (Albert Camus, «Moral y política», p. 46); en efecto, pienso que una constitución sólo puede recoger y representar aquellas ideas y resoluciones aprobadas de modo democrático en un determinado presente y que cuando se hacen cumplir reglas heredadas respecto de las cuales la sociedad y ese zoon politikon que es el hombre ya no están de acuerdo porque no representa sus derechos o su voluntad política, el sostener la constitución a modo de ley eterna supone transformarla en una especie de mazmorra o jaula para la propia ciudadanía. Una Constitución no puede ser un muro infranqueable y si impide el progreso político de la sociedad debe plantearse con seriedad su reforma. Bajo ninguna circunstancia una constitución puede convertirse en una parálisis de la democracia; así, antes de que esto pueda ocurrir es necesario el compromiso, el valor y la capacidad para modificarla adaptándola a la voluntad política. Además, la legitimidad de una constitución, considero, es tal si es fruto de la deliberación y la elección de la generación actual. Así, y esto que diré ya no es cosecha propia, sino de un presidente de los Estados Unidos (Thomas Jefferson), una generación anterior no puede ni debe obligar a otra posterior a abrazar sus principios políticos. Los catalanes, estoy convencido, no claudicaremos ante nuestra pretensión democrática; y los ciudadanos españoles, aunque no vaya con ellos la cuestión catalana, deberían estar preocupados por vivir en un país donde no es la democracia la que genera la constitución. ¿Qué ciudadano quiere vivir en un Estado donde su constitución es una jaula?

Una democracia sólo es tal si se da el libre acuerdo de todos los actores sociales (Habermas, “Teoría de la acción comunicativa”), si se halla edificada sobre una ética relacionada directamente con la justicia – distributiva y participativa –, la libertad y la dignidad incondicional de la persona. Hoy, en España, algunas personas, entre ellas el ejecutivo, interpretan que la democracia es una concesión del Estado a la sociedad, despreciándose por ello la soberanía y los derechos de los ciudadanos. Pero los ciudadanos no podemos ni debemos estar bajo el tutelaje del Estado o de aquellos que nos imponen una situación de acatamiento, sino que somos hombres libres con el derecho a tener derecho (Hannah Arednt), y todo esto porque somos un fin en sí mismo cuya plenitud descansa en la realización del bien común que se desprende y requiere de nuestra incondicional dignidad. Por tanto, es necesario examinar los motivos de esta crisis de democracia que niega en determinados casos la soberanía y la participación ciudadana para decidir cuestiones que tienen que ver directamente con el gobierno de su existencia, pues no hay democracia sin ciudadanía y no hay ciudadanía sin diálogo, sin elecciones, sin consultas…

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