Desobediencia civil y derechos humanos (Parte I)

Publicado: 18 noviembre, 2013 en Ética y Moral, Derechos humanos

¿La desobediencia civil, no violenta, goza de justificación moral en democracia cuando se propone un cambio en las leyes del Estado para alcanzar una sociedad más justa que reconozca y respete la incondicional dignidad de la persona? ¿Esta desobediencia pacífica no muestra el papel de servidores de la sociedad de sus promotores en cuanto estiman preferible el bien común? Pensemos en Nelson Mandela y su encomiable batalla contra el apartheid por la que pasó 27 años en prisión, pero también en Gandhi, en Martin Luther King, en Rosa Parks, en Lech Walesa y tantos otros que antepusieron su bien personal en defensa de los derechos humanos. ¿No se justifican moralmente las manifestaciones pacíficas en contra de la guerra, del aborto o la pena de muerte cuando su único fin es el reconocimiento de la incondicional dignidad de la persona?

La desobediencia civil sin violencia, que evita el daño directo a terceras personas, busca la justicia social sin desmarcarse del amor por la ley y la democracia, pues estos son los instrumentos que deben garantizarla. Así, en vistas al bien común, esta desobediencia se dirige al conjunto de los ciudadanos para demostrarles que los derechos humanos no son respetados por el Estado, y a éste último para que recapacite por sus políticas erróneas y reforme la ley. El amor por la ley y la democracia se aprecia cuando el desobediente acepta las consecuencias jurídicas de su acción. Su objetivo no es la conspiración ni el desorden, sino el deseo del cambio de los principios políticos del Estado mediante ese diálogo moral que interpela a la consciencia. Por otro lado, la desobediencia civil es, en ocasiones, el único modo por el que se puede denunciar la injusticia, pues en general los medios de comunicación o están controlados o tienden a ofrecer un tiempo muy limitado en un espacio marginal a tales reivindicaciones sociales.

La desobediencia civil no busca, por tanto, la perturbación del Estado – no se opone necesariamente al sistema –, sino más bien comunicar al gobierno una posible injusticia mediante el diálogo y la reflexión, expresándose razonadamente los motivos de la desobediencia, que sólo pueden ser el no reconocimiento integral de los derechos humanos, en especial su fundamento, la vida y la dignidad incondicional de la persona.

Es evidente que la persona tiene el deber ético de obrar el bien moral, en especial el bien común. Esto, en una sociedad democrática, se alcanza mediante el seguimiento de la ley. En el Fedón, Sócrates revela el imperativo moral de seguir las leyes de Atenas, en cuanto que goza también de los derechos y beneficios de la ciudadanía. Sin embargo al cumplimiento de la ley le precede la coherencia
moral, pues la legalidad de una acción siempre afecta al estatuto moral del hombre, y si la ley no reconoce ni respeta la incondicional dignidad de la persona esa será reprobable y la desobediencia civil será un recurso, si bien siempre el último, cuando todas las vías legales se demuestran inútiles y, sobre todo, cuando su propósito sea el cambio de la ley en aras del bien común.

De este modo parece que la desobediencia civil se justifica siempre que sea pacífica y, sobre todo, cuando su fin esté razonadamente fundado. Cabe la posibilidad de que un disidente considere que su causa es justa y que su desobediencia es moralmente válida, pero puede estar equivocado respecto de los medios o del mismo fin. Si una persona defiende una causa legítima, como el sufragio universal, amparándose en los derechos humanos deberá tener una estima incondicional por estos y respetarlos y promoverlos en cualquier momento y sin excepción. Así, si defiende la causa citada, pero defiende el aborto o la pena capital, o encuentra justificable cualquier medio, como la violencia, la razón para defender el sufragio universal fundamentándose en los derechos humanos carecerá de legitimidad, ya que se sirve de ellos y los considera a conveniencia. Por tanto, la desobediencia es justificada y es una virtud cuando no reivindica una injusticia concreta marginando u oponiéndose a cualquier otra, sino cuando pretende el bien común en el reconocimiento de la vida de la persona – dignidad incondicional –, que es el antes lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos. Así, la desobediencia civil parece que sólo es justificable cuando se fundamenta en los derechos humanos y cuando su acción se extiende al reconocimiento absoluto de la dignidad de la persona sin excepción en vistas al bien común.

La finalidad de la desobediencia civil, fundada en la incondicional dignidad de la persona, es el reconocimiento del hombre como fundamento del derecho, indispensable para la materialización del bien común. La justicia social y el bien común sólo son posibles si la persona recibe el trato que merece, su afirmación como fin en sí misma. En este sentido, la desobediencia, que es una de las maneras que tiene el ciudadano de participar de la política y de hacer respetar su dignidad, alcanza su legitimidad si reorienta éticamente a la política hacia este fin.

comentarios
  1. […] Decíamos que la desobediencia civil sin violencia, que evita el daño directo a terceras personas, busca la justicia social sin desmarcarse del amor por la ley y la democracia, pues estos son los instrumentos que deben garantizarla. Así, en vistas al bien común, esta desobediencia se dirige al conjunto de los ciudadanos para demostrarles que los derechos humanos no son respetados por el Estado, y a éste último para que recapacite por sus políticas erróneas y reforme la ley. Así, el sentido de justicia y el bien común son los principios fundamentales que rigen y justifican la desobediencia civil en un estado democrático y la advertencia de que estos principios no se respetan su motivo de ser. […]

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