La ciudadanía impone un deber moral

Es frecuente la invocación a un estado secular, independiente de cualquier organización o confesión religiosa, pero, ¿un Estado es laico realmente cuando el hombre, nos recuerda Erich Fromm, puede adorar un dios invisible o diabólicos caudillos, a su nación o al dinero? ¿Puede ser el Estado el garante de la moral y la ética cuando se pliega a los mercados y desmantela las prestaciones sociales mediante severos recortes? Si el Estado es capaz de conducir al desarrollo de la pobreza y se consiente el perjuicio de la mayoría por parte de determinadas oligarquías, en especial económicas, ¿la moral, que se ocupa de las acciones libres y susceptibles de juicio, bajo que cosmovisión o cosmovisiones debe desarrollarse cuando toda persona, incluso los políticos y quienes mueven los mercados, supeditan su acción a una determinada ética?

La supuesta neutralidad que se agracia al Estado laico debe descartarse por sospechosa, pues no existe persona que gobierne su existencia al margen de una u otra cosmovisión. Por tanto, y no por ser garantía, resulta, a priori, más pertinente un Estado pluralista. Además, es preciso desmantelar el equívoco concepto, al menos a nivel cognitivo, que interpreta el Estado secular de no religioso, cuando no hay personas religiosas y personas no religiosas, pues el hombre puede rendir culto a Dios, pero también a la naturaleza, a la materia, al dinero, a una persona, a una nación, a una ideología… o a sí mismo. En definitiva, la persona abraza una cosmovisión como sujeto religioso aunque él crea que no tiene religión.

No se justifica un Estado secular en una sociedad pluralista que no fundamenta su existencia bajo una misma cosmovisión. Por esta razón, ¿no es utópico y totalitario, en democracia, el simple pensamiento que considera que el Estado laico ofrecerá la estabilidad normativa necesaria para alcanzar el bien común cuando es imposible la neutralidad en términos cosmovisionales? Siempre se adopta una determinada cosmovisión y los promotores del Estado laico, por lo general, son sujetos prestos a discriminar determinadas confesiones religiosas.

El bien del Estado no pasa por entronizar la neutralidad, sino, más bien, por la promoción de la necesaria y activa responsabilidad moral de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos, que afectan y se relacionan siempre con los privados. Es obvia y necesaria la separación Iglesia-Estado, pero la neutralidad traza un panorama totalitario en cuanto proscribe, por ejemplo, la participación de la teología católica, abrazada por un amplio sector de la población, de los asuntos sociopolíticos. Tal discriminación es nociva en cuanto, al margen de los excesos y crímenes perpetrados en nombre del cristianismo éste es inseparable de la genealogía de los derechos del hombre.

Es deletérea y vaga la legitimación moral de la democracia a partir de supuestos procedimientos éticos generados por la propia democracia a partir de la supuesta legalidad que responde al dominio de una cosmovisión sobre las demás. El ideal debe ser un Estado pluralista que recoja, en el seno de la democracia, todas aquellas éticas que permiten el desarrollo en la praxis de la persona en el reconocimiento de su incondicional dignidad, pues estas serán el fundamento racional que otorgue validez a la democracia y las que deberán garantizar que el bien común nunca se encuentre subordinado a cualquier otro fin. Es evidente que esta garantía dependerá en última instancia de los ciudadanos, que son quienes obran éticamente y quienes con su responsabilidad social empujan al Estado a abrazar unos y no otros principios morales. Así, no es la democracia, sino el ciudadano el autor y destinatario de la ley: autor, en cuanto ejerce, libremente, un determinado comportamiento ético y destinatario en cuanto que el efecto de tal comportamiento será el bien común o el desinterés por el fin de la mayoría al reconocer o no la dignidad absoluta de la persona.

Que el Estado ideal sea la convergencia de una pluralidad de éticas que se fundamentan en la incondicional dignidad de la persona – es decir, que el fundamento del derecho es la persona en cuanto fin en sí misma – requiere y exige, y esto no acontece, que el ciudadano ejerza sus derechos mediante una participación activa en los asuntos sociopolíticos, y no por su interés personal, sino en pro del bien común, que es el único que garantiza el bien particular de todos. Es nefasto, y hasta el momento se experimenta así, que el ejercicio democrático del ciudadano, aunque sea por consenso, descanse en la simple participación electoral. Aunque los encargados del juego político sean representantes de la sociedad es una negligencia que el ciudadano acepte, mediante las reglas de la llamada democracia, imposiciones y sacrificios en nombre del interés general sin más. El ciudadano no puede, nunca, ser ajeno a la dinámica democrática, en cuanto ésta desarrolla siempre todos sus proyectos mediante el ejercicio de una determinada ética que atañe a la vida de la persona. Así, para hacer propia la democracia es fundamental que el contenido moral de ésta se convierta en una profunda convicción; por tanto, es indispensable que el ideario ético del ciudadano no se encuentre discriminado, y esto no acontecerá si él mismo es sujeto activo en el ejercicio de la actividad política. Esto no quiere decir que se convierta en un profesional de la política, pero sí que termine esa idea de que son sólo los partidos políticos quienes, representándole, la desarrollan. Si acontece así, si el ciudadano es activo, alcanzaremos la justa solidaridad en vistas al bien común, pues todos se ocuparán de él como el fin auténtico y único de la sociedad.

Es indispensable la presencia activa del ciudadano en la vida política en cuanto que cada vez cobran mayor protagonismo en el control de ámbitos que atañen a su vida entes, por ejemplo los mercados, que no son democráticos ni susceptibles de ser democratizados. La actividad del ciudadano debe neutralizar tanto el poder del Estado como el de todos aquellos agentes, que por una razón u otra, tienen claras implicaciones, a través del desarrollo de una particular visión del mundo, en la vida de la persona. Así, ante la necesaria separación Iglesia-Estado, debe aparecer la relación Estado-ciudadano, pues en la esfera sociopolítica la voluntad del ciudadano deviene necesaria para el buen desarrollo de la democracia. Por tanto, es una exigencia que el Estado no sea secular, sino pluralista, y que en él se recojan, mediante la libertad de conciencia y de religión, las distintas cosmovisiones existentes y que tengan por fundamento la incondicional dignidad de la persona.

No es el Estado, sino el ciudadano, en cuanto parte afectada, quien tiene que decidir y ponerse de acuerdo con los demás para adoptar el comportamiento ético necesario para adecuar la ley y toda acción al fin propuesto: el bien común. Así, la democracia no tiene por qué ajustarse a un secularismo, que es el ejercicio de un supuesto comportamiento ético siempre arbitrario y confuso, sino que los ciudadanos deben llenar el sistema democrático con contenidos éticos que tengan siempre como fundamento a la persona y su principal derecho, la vida, que es el antes lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos.

Por consiguiente, la perfección democrática no vendrá por abrazar un secularismo que mitigue los abominables fundamentalismos a la luz de una aparente neutralidad ética, sino más bien por la legitimación de la pluralidad de cosmovisiones que se traduzcan en el ejercicio de una serie de comportamientos éticos que los ciudadanos abracen con convicción fundamentándose en la dignidad incondicional de la persona. El respeto de esta pluralidad de cosmovisiones fortalecerá la comunidad política que es la sociedad; y, sobre este respeto y en colaboración los ciudadanos, todos, deben buscar un entendimiento racional – teniendo siempre presente a la persona como fin en sí misma – para desarrollar todas y cada una de las cuestiones que atañen a la humanidad, y que requieren de un deber moral que no puede subordinarse nunca al deber legal si este atentara contra la persona. Los ciudadanos, en vistas al bien común, debemos, activamente, aprender a escuchar al otro y valorar con ecuanimidad la elección ética más razonable y apropiada para cada asunto.

Un Estado que sea secular, es decir, neutro, impondrá siempre una única cosmovisión y marginará a otra en vistas a esta anhelada neutralidad. Pero un Estado que pretenda la consideración de democrático no podrá legitimar una determinada cosmovisión con su respectiva moral en detrimento de otra, pues con ello se marginará a un sector de la sociedad y el modo en que tiene de gobernarse, que no sólo afecta a su vida privada, sino que tiene una implicación en la vida pública, y nada más nefasto y peligroso que dejar al margen de la ley a una parte de la sociedad, por las consecuencias que ello implica, desde el totalitarismo a la indiferencia. La democracia no puede ser secular, pues ello implica imponer la voluntad de unos a otros, y la democracia, para ser tal, exige que los ciudadanos se den unos a otros las razones necesarias, mediante el diálogo y el respeto a la pluralidad, para escoger, conjuntamente, una determinada ética para un específico asunto y para fundar, en consecuencia, una ley concreta. Por tanto, es necesario y una exigencia, que todas las cosmovisiones y sus respectivas éticas se introduzcan en el debate para alcanzar en cada situación la política más apropiada.

El Estado no puede ser neutral, que es lo mismo que decir que una determinada cosmovisión no puede ser la única que se inmiscuya en el devenir de las instituciones que representan la democracia. Así, creyentes ateos, creyentes teístas y otros respaldarán una ley cuando la ética que la fundamente tenga como fin la persona en sí misma y su dignidad incondicional. Evidentemente, esta realidad dejará de ser utópica en el momento en que la racionalidad de la persona descubra que su objeto sólo puede ser el bien común, ¿o alguien dejará, a la luz de su propia conciencia, que se ponga en peligro su existencia? Por esto último es un deber de todo ciudadano tomar una posición activa en los asuntos sociopolíticos, pues cuantos más sean los sujetos comprometidos menos indigna será la ley para el bien de la persona, sea cual sea su cosmovisión, pues si todos estamos implicados en el ejercicio de la democracia la convicción general, por naturaleza, entenderá que el ejercicio de la política sólo puede fundarse en la justicia y el bien, pues nadie quiere la injusticia y el mal para sí mismo.

Así, concluiremos, que el Estado no debe dirigirse hacia un secularismo, sino que las distintas cosmovisiones deben encontrar y armar una actitud de diálogo y respeto hacia las otras con las que se encuentra y convive y junto a las cuales debe ocuparse de encontrar la solución más razonable y acertada para cada cuestión que se plantee. Sin duda, esto dependerá siempre de la racionabilidad y la honestidad de la persona y de su afán por alcanzar esa justicia y ese bien sólo por los cuales es posible el bien común.

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