Ana Botella, la democracia en manos de una oligarquía

Leo, atónito, que la alcaldesa de Madrid, la señora Ana Botella, ha vendido cinco edificios sociales a la empresa del marido de otra señora del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Estos inmuebles, situados en el centro de la capital, están ocupados por un centenar de familias en riesgo de exclusión social que denuncian que el Ayuntamiento les presiona “con tono amenazante” para que firmen su realojo en las afueras de la ciudad. La codicia y la corrupción de algunos gobernantes se imponen sobre el fin mismo de la política, que es el bien común y la justicia social. ¿Es posible que el Estado y las instituciones públicas sean realidades que plasmen la justicia y busquen el bien común cuando quienes las dirigen no reconocen o les importa más bien poco la dignidad de la persona?

No quiero pensar que es la democracia, sino los políticos quienes convierten este sistema en defectuoso. Quiero creer que, tal vez y entre otras medidas, las listas abiertas supondrían una regeneración de la democracia y un freno a la corrupción generalizada y descarada que conduce, al mismo tiempo, a la desafección política y al pasotismo que denuncia el economista José María gay (ver vídeo). Cuando los gobiernos no alcanzan su fin último que es el bien común y cuando no se respeta la incondicional dignidad de la persona humana, prostituimos la democracia desviándola de su ordenamiento, de ser un instrumento regulador de la vida sociopolítica, cuyo fin es el bien y la justicia. Convertimos a la democracia en un régimen de oligarcas que operan con perfumado despotismo en vistas a su particular interés.

La rectitud moral de la democracia reside en su finalidad, el bien común. Sin embargo, cada vez son más los casos que nos llegan de corrupción. Esto debe hacernos reflexionar y considerar, tal vez, que el sistema de gobierno no se adecua a su significación etimológica. Es decir, consideramos que la ‘democracia’ es, básicamente, el gobierno de los ciudadanos o del pueblo en vistas al bien de todos. No obstante, hay diferencias radicales entre la masa que gobierna y la que es gobernada. En primer lugar la primera masa, que teóricamente ejerce la función de representante, convierte a la segunda en súbdita. Así, quebrantada la relación de iguales en beneficio de una jerarquización piramidal, la oligarquía mencionada goza de unos beneficios, tomados por abuso de poder, que exceden de los que le corresponde por derecho a una persona. Al mismo tiempo, y en consecuencia del incumplimiento del deber – del correcto ejercicio de la autoridad –, los ciudadanos padecen una mengua en el reconocimiento de sus derechos y en la promoción de su proyecto vital al ningunearse su incondicional dignidad. Desde luego, no es una exageración y, si lo es, se trata de una exageración compartida con el Estagirita quien, en su Política (1279 b), distingue el gobierno oligárquico – el de los ricos – y el democrático – el de los pobres –; una distinción que se experimenta en la actualidad, donde supuestamente todos participamos del mismo sistema, pero en el que prosperan quienes pertenecen a la oligarquía y fracasan, mayormente, quienes son gobernados.

De este modo, la democracia está secuestrada por una oligarquía y el fin de la misma, el bien común, cede en beneficio de la riqueza de los gobernantes. Ante esto, no carece de lógica señalar que el sistema vigente procura la riqueza de unos pocos y la pobreza de la mayoría. Resultas de esto tenemos cerca de 6 millones de personas desempleadas; 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y una de las mayores tasas de pobreza infantil de toda la Unión Europea. ¿Demagogia? Realismo. Hoy mismo se informa, por ejemplo, que los diputados con casa en Madrid seguirán cobrando dietas de alojamiento de 1.823 euros mensuales mientras 300.000 familias se encuentran en situación crítica sin recibir ningún tipo de ingresos. ¿Es un recurso fácil, una argucia, señalar que nuestra democracia es el gobierno de un grupo o clase social que ejerce el poder en beneficio de la partitocracia y no de la sociedad? ¿El bien común no es suplantado por el beneficio de una oligarquía que se impone con despotismo sembrando la mayor de las miserias humanas, la injusticia?

Para que nazca y florezca la justicia social sólo se requiere que uno sea el receptor del bien político por el simple hecho de ser persona, es decir por su dignidad, y no por algún otro tipo de merecimiento que pueda derivar en una injusticia para con los demás. Que el sujeto de la justicia sea la persona no es baladí ni una interpretación subjetiva, pues el fin de la política es el desarrollo de los proyectos personales – la vida buena –, que es un derecho intrínseco del hombre por el mero hecho de ser persona y, además, por participar en la consecución de dicho fin. Ciertamente, para que esto se de uno debe ejercitar su libertad moral mediante el fortalecimiento de la virtud – sólo es justo quien hace actos de justicia –, pues, bien dice Kant en Filosofía de la historia, si bien el hombre tiene una propensión natural a asociarse con los demás, también, por afán de dominio y codicia, tiende a individualizarse procurándose cierta posición sobre los demás.

Difícil solución el de la democracia y la tendencia del hombre, libre y moral, a dejarse llevar por el interés particular. Sin embargo, quizá, un primer comienzo sean las listas abiertas, que permitirían al elector escoger el candidato que más le interese y, consecuentemente, movería a cada político a relacionarse más con el electorado, a generar propuestas propias y a trabajar con rigor para el bien común si se desea una siguiente relección. También favorecería la eliminación de parásitos que viven de la política durante décadas. Si bien se mantiene en el aparato del partido la selección de candidatos a formar parte de la lista, con el transcurrir de las elecciones, a priori, estarán aquellos que han resultado del agrado de la ciudadanía.

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