Obispos y sacerdotes franquistas

“El nacionalcatolicismo franquista se filtra en el episcopado español. Elabora declaraciones que no son fieles a la doctrina ni papal (encíclica “Pacem in Terris”), ni conciliar (Vaticano II), ni al Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”. Oriol Domingo no desvaría. En su último comunicado la Conferencia Episcopal Española no sólo no es fiel a la doctrina social de la Iglesia, sino que, como bien dice, “propugna un españolismo exacerbado” que “desprecia los derechos nacionales de Cataluña”.

España padece un enorme déficit democrático y, al mismo tiempo, en la Iglesia en España persiste, en mayor o menor representación, el nacionalcatolicismo por el cual el dictador Francisco Franco entraba bajo palio en los templos. Así, ante la manifestación pacífica de la sociedad catalana que reclama poder ejercer el derecho a la autodeterminación democráticamente algún sacerdote manifiesta, con ese nacionalismo exacerbado que tanto criticó el Santo padre Juan Pablo II, que “la locura del separatismo catalán ha entrado en las venas de los obispos de aquella región española” por el simple hecho de recordar, citando el Compendio Doctrina Social de la Iglesia (nº 165), que “en un régimen democrático, cada ciudadano debe poder manifestar las propias convicciones y hacer camino con los otros, pensando que una sociedad que, en todos sus niveles, quiere positivamente estar al servicio del ser humano es la que se propone como meta prioritaria el bien común, en tanto que bien de todos los hombres y de todo el hombre”.

Uno tiene la sensación de que estos últimos 30 años no han servido de mucho; que España tiene una paupérrima cultura democrática y que le molesta, de modo profundo hasta el extremo de llegar a lo patológico, que la sociedad catalana sea capaz de llegar a horizontes lejanos mediante los instrumentos que ofrece la democracia, que nunca es esclava de una constitución de un país, sino que “es un ordenamiento y, como tal, un instrumento y no un fin. Su carácter moral no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse; esto es, depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve” (Juan Pablo II, Evangelium Vitae), teniendo siempre el bien común como fin regulador de la vida política.

Siempre he dicho que el despotismo no tiene cabida en la vida política, menos en un sistema democrático. Los hombres y las mujeres que conviven en sociedad son ciudadanos, no súbditos ni instrumentos. Todos somos ciudadanos comprometidos a trabajar responsablemente, unos con otros, con el fin de alcanzar el bien común deseado; procurando resolver del mejor modo posible los distintos problemas que puedan consternar a la sociedad, que comparte el mismo destino. Es, pues, el bien común el que modela cada una de las resoluciones morales que adopta la persona en vistas a que los propios proyectos puedan llevarse a cabo, a nivel personal o social; sin embargo, es lamentable escuchar voces de la Iglesia que atentan contra la incondicional dignidad del ser humano al negar la libertad social o política.

Imagen: ‘El País’

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