¿Es democrática una sociedad que elimina la libertad de conciencia?

Publicado: 13 enero, 2011 en Ética y Moral, Política

El derecho al aborto, la equiparación de las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio entre un hombre y una mujer, o la oposición de la Abogacía del Estado al recurso de amparo de unos padres que se oponen a que sus hijos sean adiestrados por Educación para la Ciudadanía son temas suficientes para que nuestros representantes políticos se tomen con mayor seriedad el derecho de la objeción de conciencia, así como plantear qué relación debe establecerse entre el Estado y los ciudadanos. Ante la diversidad de opiniones que suscitan estas cuestiones hay quienes afirman que ninguna persona puede eludir la responsabilidad de dar cumplimiento a las leyes que rigen la vida social, sin embargo hay también quienes consideran que la libertad de conciencia es uno de los principios elementales de todo Estado de derecho y de todo sistema democrático. Sin duda deben encontrarse vías legales que brinden una alternativa o licencia en el supuesto de que una ley atente contra la conciencia de los ciudadanos sin que estos se vean en la tesitura de incumplir o violar una ley que juzgan perniciosa.

No es admisible en un Estado democrático que para asegurar el respeto y el cumplimiento de la ley se reprima, en el peor de los casos bajo coacción penal, la libertad de conciencia de los ciudadanos, pues dicha actitud se circunscribe más en un contexto totalitario donde se invade y se dirige la vida de las personas. El gobierno del señor José Luís Rodríguez Zapatero ha reiterado en más de una ocasión respecto a las cuestiones antes mencionadas que la libertad de conciencia es un delito si atenta o viola las leyes que las sustentan, cuando la Constitución, en su artículo 16, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos reconocen el derecho a la objeción de conciencia.  

En efecto, la conciencia es el núcleo fundamental de la personalidad de todo ser humano, la responsable directa de su dimensión ética, es decir, la que configura la integridad moral y la realización de la libertad fundamental a lo largo del tiempo según un proyecto vital. El vivir para el hombre es la realización de los proyectos personales; llegar a ser lo que uno quiere tiene mucho que ver con la felicidad. En este sentido, la conciencia, la libertad de conciencia, garantiza el proceso reflexivo e intelectual del ser humano y su asentimiento o no respecto de determinados valores y de determinadas concepciones, ya sean de naturaleza política, filosófica o religiosa y configura el propio juicio en concordancia con aquel proyecto vital. Al mismo tiempo, ofrece protección a la totalidad del ser de la persona conforme a los juicios morales de ésta.

Así, ¿es legítimo aquel Estado que no permite o prohíbe que la persona sea ella misma? ¿Qué clase de derechos protege aquel Estado que omite o no garantiza la libertad de conciencia? ¿Dónde descansa la libertad fundamental o trascendental (Heidegger) de la persona sin el juicio de su conciencia respecto de cualquier concepción política, filosófica y religiosa como la libertad de opinión, la libertad de enseñanza o la libertad religiosa? Cuando el gobierno de Zapatero prohíbe la libertad de conciencia como acontece en las cuestiones planteadas se abre un conflicto interno respecto a la verdad y otro externo en cuanto que tal prohibición lleva a la persona al extremo de obedecerse a sí misma antes que al Estado en defensa de sus principios, valores y creencias. No obstante, parece que el gobierno español obliga a las personas a separar su conciencia de su obrar conforme a esa y nada ni nadie sale en defensa del ciudadano.

Ciertamente, los derechos fundamentales tienen como límite los deberes jurídicos necesarios en toda sociedad, no obstante, estos últimos no pueden suprimir o prohibir el ejercicio de la libertad de conciencia. Por tanto, en qué casos se debe respetar y proteger, al mismo tiempo, el derecho a objetar por razón de conciencia una determinada ley. Sin duda en aquellos en los que se abre un conflicto objetivo de conciencia, es decir en aquellos en que la concepción moral de la persona reclama el derecho a la fidelidad a unos principios y valores como son el derecho a la vida, en el caso del aborto; el derecho de toda persona a nacer y desarrollarse en el mejor ámbito familiar posible, en el caso de admitir la adopción a las personas homosexuales, y a recibir la mejor educación, en el caso de la Educación para la Ciudadanía. En estos casos, la objeción de conciencia no es una violación de la ley, sino una sustitución por otro deber  mayor, como son los derechos humanos o fundamentales.        

Para mayor desvergüenza, el gobierno del señor Zapatero vende a la opinión pública la idea de que la objeción de conciencia no es otra cosa que desobediencia civil. Ciertamente, la objeción de conciencia supone el incumplimiento de una obligación legal, pero con la diferencia respecto de la desobediencia que persigue un fin: el respeto de la propia conciencia, que desde siempre viene ocupando un lugar privilegiado y preeminente en la historia de los derechos humanos, pues la dignidad y la libertad de las personas se encuentran por encima de los ‘derechos’ que pueda atesorar el Estado. Sin embargo, parece ser que al ejecutivo español, con su espíritu totalitario, le molesta toda voz disconforme con su ideario ideológico, de ahí que  en lugar de proteger y promover la libertad de conciencia, como deber democrático, persiga su eliminación. 

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